(CATOLIN).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que todos los Estados miembros están obligados a reconocer, a efectos de los derechos derivados del derecho comunitario, los matrimonios entre personas del mismo sexo legalmente celebrados en otro país de la Unión. La resolución se fundamenta en la libertad de movimiento dentro del territorio europeo.

Según el tribunal, la negativa de un Estado a reconocer un matrimonio del mismo sexo celebrado en otro país miembro podría limitar los derechos civiles de los ciudadanos de la Unión cuando se trasladan de una nación a otra. Este criterio fue determinante para la sentencia.

El caso que dio origen a esta decisión involucra a dos ciudadanos polacos que contrajeron «matrimonio» en Alemania. Polonia no reconoce este tipo de uniones, por lo que, al regresar, las autoridades del registro civil rechazaron inscribir su estado civil. La controversia escaló hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que finalmente dictaminó que tanto Polonia como cualquier otro país miembro deben reconocer estos matrimonios, aunque no estén obligados a permitirlos según su propia legislación.

La sentencia abre un debate sobre la soberanía de los Estados en materia de matrimonio. La resolución plantea preguntas clave: si un país tiene la facultad de establecer sus propias leyes sobre el matrimonio, ¿cómo puede imponerse desde una instancia supranacional el reconocimiento de un vínculo que contradice esas leyes? ¿Puede el TJUE obligar a los Estados a acatar una decisión que entra en conflicto directo con su normativa interna?

El fallo genera preocupación en los países que aún no contemplan el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues podría forzarlos indirectamente a modificar su legislación. Como muestra el caso de los ciudadanos polacos, el tribunal deja abierta la vía para que cualquier persona que no pueda casarse en su país viaje a uno donde sí sea posible, celebrando allí el matrimonio y exigiendo posteriormente su reconocimiento en su país de origen.

Esto implica, en la práctica, que la legislación de un Estado miembro puede imponerse sobre la de otro simplemente por ser más permisiva, lo que añade tensión al debate sobre la relación entre la normativa europea y la soberanía de cada nación.