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Conflicto en el Vaticano: Despido de empleados del IOR tras su matrimonio genera críticas y polémica legal

– Esta medida ha suscitado una fuerte polémica tanto dentro como fuera del Estado Vaticano, debido a la normativa recientemente impuesta que prohíbe los matrimonios entre compañeros de trabajo en la institución.

Conflicto en el Vaticano Despido de empleados del IOR

IOR

(CATOLIN).– El 1 de octubre de 2024, dos empleados del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el conocido banco del Vaticano, fueron despedidos tras contraer matrimonio. Esta medida ha suscitado una fuerte polémica tanto dentro como fuera del Estado Vaticano, debido a la normativa recientemente impuesta que prohíbe los matrimonios entre compañeros de trabajo en la institución.

La pareja afectada, que contrajo matrimonio el 31 de agosto de 2024, fue notificada de su cese inmediato el 1 de octubre. Esta decisión se fundamenta en una normativa interna del IOR, introducida apenas tres meses después de que la pareja anunciara sus planes de boda en febrero. Dicha normativa exige que, en caso de matrimonio entre compañeros, uno de ellos debe renunciar a su puesto dentro de los 30 días siguientes a la celebración del matrimonio. En caso de no hacerlo, ambos serían despedidos. Los empleados decidieron no acatar esta regla, alegando que es injusta y que no se basaba en un riesgo real de conflicto de intereses.

Fundamento de la normativa y sus críticas

La normativa en cuestión tiene como objetivo, según las autoridades del IOR, evitar posibles conflictos de interés entre sus empleados, dada la naturaleza confidencial de las operaciones bancarias en el Vaticano. El banco, que cuenta con una plantilla reducida de solo 100 empleados y una única sede, considera que la cercanía física y organizacional entre los trabajadores puede generar situaciones comprometedoras en términos éticos.

Sin embargo, tanto sindicatos como expertos en derecho laboral han alzado su voz en contra de esta decisión. La Asociación de Trabajadores Laicos del Vaticano (ADLV) emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente el despido, calificando la medida de «retroactiva e injusta». Según la ADLV, no existen fundamentos legales sólidos que justifiquen la aplicación de esta normativa. Argumentan que «la decisión no responde a una verdadera razón jurídica, sino que se basa en un reglamento interno que contradice principios básicos del derecho laboral».

Además, los exempleados han recurrido a la conocida abogada Laura Sgró, experta en casos controversiales relacionados con el Vaticano, como el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi y el escándalo del guardia suizo Cédric Tornay. Sgró ha impugnado el despido, calificándolo de «nulo, ilegítimo y gravemente lesivo de los derechos fundamentales». En su defensa, argumenta que no existe un riesgo real de conflicto de intereses, ya que los afectados no ostentan cargos ejecutivos ni manejan información confidencial, y sus roles están claramente separados dentro de la institución.

Reacciones y contexto papal

El despido ha adquirido una dimensión mayor debido a la reciente postura del Papa Francisco respecto al matrimonio. El pasado 18 de septiembre, en una audiencia general, el Pontífice elogió a dos empleados de Radio Vaticano que estaban próximos a casarse, destacando el valor del amor y la familia como pilares fundamentales de la sociedad. Este gesto ha generado un contraste incómodo con la medida tomada por el IOR, que algunos consideran no solo desfasada, sino también contradictoria con las palabras y enseñanzas del Papa.

La situación ha provocado interrogantes sobre la coherencia entre las políticas laborales del Vaticano y la visión pastoral del Papa, lo que añade una capa de complejidad al caso.

Posibles soluciones y tensiones futuras

Ante la controversia generada, algunas voces sugieren como solución la reubicación de la pareja en diferentes áreas dentro del Estado Vaticano, lo que evitaría la aplicación de la norma y preservaría los empleos. Sin embargo, hasta el momento, ni el banco ni las autoridades vaticanas han ofrecido una respuesta oficial al respecto.

El caso sigue bajo revisión legal y, de no resolverse de manera favorable para los empleados, la ADLV no descarta la posibilidad de organizar protestas para presionar una revisión de la normativa.



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