(CATOLIN).– El estado de Washington ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica y las Iglesias ortodoxas para resolver una disputa legal sobre las obligaciones de denuncia de abuso infantil por parte del clero. Con este convenio, el secreto de confesión queda expresamente protegido.

El acuerdo, anunciado el 10 de octubre, mantiene la obligación de los miembros del clero de denunciar casos de abuso o negligencia infantil en la mayoría de las circunstancias, pero exceptúa la información obtenida en el marco del sacramento de la confesión.

La controversia se originó tras la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 5375, en mayo de 2025, que incorporó a los clérigos a la lista de denunciantes obligatorios junto con maestros, trabajadores de atención infantil y profesionales de la salud. Esta legislación buscaba fortalecer la protección de los menores al exigir la notificación de sospechas de abuso a las autoridades.

En junio de 2025, la Iglesia Católica y las ortodoxas presentaron demandas federales argumentando que dicha ley vulneraba los derechos constitucionales garantizados por la Primera y la Decimocuarta Enmiendas, al interferir con la libertad religiosa y el secreto de confesión. Los demandantes sostuvieron que aplicar la norma a información revelada en contextos sagrados violaba el libre ejercicio de la religión, la Cláusula de Establecimiento y la Doctrina de Autonomía Eclesiástica.

En julio, un juez federal emitió órdenes preliminares que suspendieron temporalmente la aplicación de la ley en lo relativo al sacramento de la confesión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en uno de los casos, apoyando la postura de las Iglesias demandantes.

De acuerdo con los términos finales del convenio, aprobados en los casos Etienne v. Ferguson y Orthodox Church in America v. Ferguson, el estado y los fiscales de condado se comprometen a no aplicar la sección correspondiente del Código Revisado de Washington a comunicaciones realizadas exclusivamente durante la confesión sacramental o en otras confidencias religiosas protegidas por la ley estatal de privilegios. Esto hace permanente la suspensión preliminar, garantizando que los sacerdotes no estén obligados a violar el sigilo confesional.

Asimismo, el acuerdo estipula que ninguna de las partes apelará las decisiones judiciales previas ni impugnará la validez de la suspensión permanente en el futuro. Cada parte asumirá sus propios gastos y honorarios legales, sin que el estado deba realizar pagos adicionales. El acuerdo resuelve definitivamente las demandas, evitando un juicio prolongado y mayores costos de litigio.

El fiscal general del estado de Washington subrayó que este acuerdo conserva los elementos esenciales de la ley para la protección de los menores, al tiempo que respeta los derechos constitucionales de libertad religiosa. La normativa seguirá vigente en todos los contextos ajenos al sacramento de la confesión, manteniendo el equilibrio entre la protección infantil y el respeto a la fe.