(CATOLIN).- El obispo emérito de Orán, Gustavo Zanchetta, condenado en 2022 a cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual agravado contra seminaristas, fue puesto en libertad condicional por decisión de la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta. La resolución, dictada por el juez Federico Armiñana, ha generado una fuerte polémica en Argentina.

El tribunal explicó que la sentencia aún no es firme y que mantener la privación de libertad podría vulnerar garantías constitucionales. Además, Zanchetta cumplió dos tercios de la condena, lo que lo habilita para beneficios penitenciarios conforme a la legislación argentina. Informes psicológicos y psiquiátricos concluyeron que no existe riesgo de reincidencia ni peligro procesal.

Entre las condiciones de la libertad condicional se incluyen tratamiento psicológico obligatorio, fijación de domicilio y comparecencia ante el tribunal cuando sea requerido.

Aunque el recurso de casación de la defensa fue declarado inadmisible por cuestiones formales, el tribunal revisó el fondo del caso para garantizar el derecho a la libertad del prelado.

Reacciones de indignación

La Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, representada en Salta por Kevin Montes, calificó la liberación como “un nuevo agravio” a las víctimas, denunciando la falta de notificación previa sobre la audiencia, en contravención a protocolos de participación de las partes afectadas.

Montes también criticó los beneficios otorgados a Zanchetta, como permisos para viajar al Vaticano por motivos de salud, lo que, según dijo, refleja un trato privilegiado. La Red anunció que vigilará de cerca el desarrollo del caso y exigió mayor transparencia al Poder Judicial argentino.

Por su parte, exseminaristas abusados denunciaron que “Zanchetta nunca estuvo preso”, señalando que cada beneficio judicial es “una nueva herida que multiplica el sentimiento de impunidad”. En un comunicado, la Red de Sobrevivientes calificó la resolución como “una clara muestra de la impunidad de la Iglesia Católica”, denunciando la complicidad de “un poder judicial corrupto y servil” y de “un estamento de la Iglesia, desde los obispos hasta el Papa Francisco”.

Antecedentes del caso Zanchetta

En 2015 se hallaron imágenes sexualmente explícitas en el teléfono del prelado, incluidas fotos de jóvenes y de él mismo en actitudes inapropiadas. Zanchetta alegó un “hackeo” y el Papa Francisco aceptó la explicación bajo el principio in dubio pro reo. Distinto fue en otros casos, como el del cardenal Cipriani o el llamado “clan de los Romanones”, donde el Pontífice dio por válidas las acusaciones aun cuando la justicia luego declaró inocentes a los señalados.

En 2017, Zanchetta renunció al obispado alegando problemas de salud, aunque las denuncias existían desde años atrás. Ese mismo año, Francisco lo acogió en la Casa Santa Marta y lo nombró asesor en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), un cargo creado específicamente para él. En 2019, tras nuevas acusaciones, fue suspendido y se abrió una investigación canónica que no había mostrado avances el año pasado.

En 2021, intentó silenciar a InfoVaticana con una demanda de 300.000 euros, acusando al medio de injurias y calumnias. La conciliación en Madrid concluyó sin acuerdo, y la defensa del medio denunció un intento de coartar la libertad de prensa.

Cronología del escándalo

2025 (septiembre): El tribunal le concede libertad condicional, desatando nuevas acusaciones de impunidad.

2013: Francisco nombra a Zanchetta obispo de Orán.

2015: Surgen denuncias por imágenes explícitas en su móvil.

2017: Renuncia por supuestos problemas de salud; es acogido en Roma y nombrado asesor en APSA.

2019: Estallan denuncias de abuso sexual; se abre investigación canónica.

2020: Regresa a funciones en el Vaticano pese a la investigación.

2022: Es condenado en Argentina a 4 años y 6 meses de prisión.

2022 (julio): Cumple condena en prisión domiciliaria en un monasterio.

2025 (febrero): La condena queda firme.