(CATOLIN).- Inglaterra y Gales registraron en 2023 un máximo histórico de abortos, con un total de 270.000, lo que representa un incremento del 11% en comparación con 2022, cuando se contabilizaron 250.000. Así lo indican las cifras oficiales publicadas recientemente.

El rasgo más destacado del aumento es la generalización del aborto químico. Casi el 90% de los abortos se realizaron mediante píldoras abortivas, mientras que el aborto quirúrgico continúa en descenso. La mayoría de los procedimientos se concentró en etapas muy tempranas del embarazo, entre las dos y las nueve semanas de gestación.

Los datos también muestran una evolución significativa de las tasas a lo largo del tiempo: en 2023 se registraron 12,3 abortos por cada 1.000 mujeres, frente a 7,1 por cada 1.000 en 2013. Además, alrededor del 40% de las mujeres que abortaron en 2023 ya había recurrido previamente al aborto, lo que evidencia un patrón de repetición.

En paralelo, se difundieron cifras sobre líneas de ayuda al embarazo. En 2025, la línea de Heartbeat International habría recibido 1,3 millones de llamadas, mientras que Option Line triplicó su volumen de llamadas ese mismo año. Se señala que, en más del 90% de los casos, quienes llaman son personas en riesgo de recurrir al aborto. Dentro de estos servicios, nueve de cada diez aceptan una consulta virtual y tres de cada cuatro acuden posteriormente a una cita de ayuda al embarazo.

En Estados Unidos, el debate se intensificó a raíz de un caso relacionado con píldoras abortivas. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, presentó una acusación contra el abortista Remy Coeytaux, en un caso en el que un hombre habría obtenido píldoras abortivas y coaccionado a su novia, Rosalie Markezich, para que las tomara. El gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó autorizar la extradición y declaró: «nunca seré cómplice de la guerra de Trump contra las mujeres».

Asimismo, en Carolina del Sur, al inicio del periodo legislativo, se presentaron varias iniciativas pro-vida. Entre ellas, una propuesta para tipificar como delito forzar a una mujer a abortar, con penas de hasta un año de prisión y multas de 5.000 dólares, agravadas si la víctima es menor o si el responsable es el padre del niño.

Otras propuestas incluyen la protección del no nacido desde la concepción, con excepciones en casos de violación o incesto, impulsada por el senador Matt Leber; la prohibición de las píldoras del aborto químico; y la clasificación de estos fármacos como sustancia controlada, convirtiendo en delito grave su posesión sin receta, eximiendo de enjuiciamiento a las mujeres embarazadas.

Finalmente, se mencionan iniciativas para penalizar el pago o reembolso de abortos a residentes del estado, criminalizar donaciones a organizaciones que financien traslados para abortar en otros estados y prohibir de forma permanente que clínicas abortistas reciban fondos de Medicaid, incorporando a la ley una orden ejecutiva emitida en 2017.