(CATOLIN).- La Fiscalía ha abierto diligencias contra Mons. José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, tras una denuncia presentada por la plataforma ciudadana «Tu pueblo y el mío», que lo acusa de «presuntos delitos de odio y discriminación hacia el colectivo LGTBI». Según la información difundida, el prelado no ha recibido notificación oficial alguna y todo se ha conocido primero a través de los medios, lo que apunta a un componente mediático más que judicial.

La denuncia, presentada en julio ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación, sostiene que algunas intervenciones de Mons. Munilla en medios y programas radiofónicos no respetarían la dignidad del colectivo LGTBI ni el marco constitucional de la libertad de expresión. El caso fue remitido a Madrid, donde se ubica la sede de la emisora en la que se realizaron algunas de las declaraciones señaladas. Ahora la Fiscalía Provincial deberá decidir si archiva el caso o lo lleva a juicio.

El núcleo de la acusación se centra en una emisión del 3 de mayo de 2024 en Radio María. En ella, Mons. Munilla afirmó que la legislación vigente «amenaza» a los psicólogos que acompañan a personas homosexuales cuando dicho acompañamiento pudiera interpretarse como intento de «reconducir» sus atracciones, etiquetándolo como «terapia de conversión». El obispo criticó que este concepto se aplique incluso a «cualquier acompañamiento espiritual para vivir la castidad como cualquier cristiano». Para la asociación denunciante, estas afirmaciones serían una defensa de prácticas prohibidas por leyes autonómicas como la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana.

El denunciante también mencionó el bulo difundido por la revista Vida Nueva que atribuyó falsamente al obispo el respaldo a terapias de conversión, añadiendo este elemento a la denuncia mediática.

Ante la publicación de la denuncia, Mons. Munilla respondió a través de la red social X. Aseguró que el caso «no tiene recorrido judicial alguno» y que su único objetivo es «amedrentar a la Iglesia» e intentar imponer «una antropología de Estado basada en la teoría gender-LGTBI».

A continuación, expuso cuatro consideraciones:

1. Negó haber dirigido críticas a colectivos LGTBI y afirmó que sus declaraciones se limitaron a cuestionar la ley que penaliza las llamadas terapias de conversión. Señaló que criticar una ley «no es delito» y que, en todo caso, deberían denunciar también a los parlamentarios que votaron en contra de ella.
2. Subrayó la ironía de que quienes defienden la libertad para cambiar de sexo «prohíban a los homosexuales solicitar libremente lo que ellos califican como terapia de conversión».
3. Reiteró que la Iglesia seguirá «predicando el Evangelio del amor y de la pureza» y acompañando espiritualmente a quienes lo pidan.
4. Insistió en que no ha recibido comunicación oficial de la denuncia, lo que refuerza, a su juicio, que se trata más de un movimiento mediático que judicial.