(CATOLIN). – En una decisión unánime, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Marlean Ames, una mujer de Ohio que denunció haber sido discriminada en su empleo por no formar parte del colectivo LGBTQ+. El caso, que podría marcar un precedente en el ámbito laboral, concluyó que los tribunales no pueden exigir pruebas más estrictas a los miembros de grupos mayoritarios, como personas heterosexuales, para demostrar discriminación.

Marlean Ames trabajaba desde 2004 en el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio. En 2019, fue rechazada para un ascenso que finalmente fue otorgado a una mujer lesbiana. Poco después, Ames fue degradada de su puesto directivo y reemplazada por un hombre homosexual, lo que implicó una significativa reducción de su salario.

Ames presentó una demanda bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, sexo, religión, color u origen nacional. Aunque tanto el tribunal de distrito como el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito fallaron en su contra, el caso llegó a la Corte Suprema, que decidió por unanimidad revertir los fallos anteriores.

La jueza Ketanji Brown Jackson, representante del ala progresista del tribunal, afirmó que no se pueden aplicar criterios distintos según la pertenencia o no a un grupo minoritario. “El Congreso no dejó margen para que los tribunales impusieran requisitos especiales únicamente a los demandantes pertenecientes al grupo mayoritario”, escribió en el dictamen.

El juez Clarence Thomas, en una opinión concurrente, señaló que decisiones previas como esta están basadas en “normas jurídicas creadas por jueces” que han generado “complejidad, confusión y resultados erróneos”. Thomas añadió que muchas empresas están “obsesionadas” con las políticas de diversidad, equidad e inclusión, lo que ha derivado en discriminaciones hacia quienes no se alinean con esas categorías.

Según Associated Press, la sentencia tendrá impacto inmediato en al menos 20 estados y el Distrito de Columbia, donde los tribunales venían exigiendo a personas blancas o heterosexuales una mayor carga probatoria para demostrar discriminación inversa.

Este fallo redefine el alcance del Título VII y envía un mensaje claro: todos los trabajadores, sin importar su pertenencia a un grupo mayoritario o minoritario, tienen el mismo derecho a la protección contra la discriminación laboral.