(CATOLIN). – La Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer este sábado los nuevos estatutos de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, aprobados por el Papa León XIV para aplicarse ad experimentum durante un periodo de tres años.

La actualización sustituye la normativa vigente desde 2015 y adapta el funcionamiento del organismo al marco institucional establecido por la constitución apostólica Praedicate Evangelium, reforzando especialmente los ámbitos de rendición de cuentas, transparencia institucional y atención a las víctimas.

De acuerdo con el rescripto que acompaña el documento, la aprobación fue realizada por el Pontífice durante una audiencia concedida al Pietro Parolin el pasado 20 de mayo de 2026, con indicación de publicación oficial y entrada en vigor inmediata.

El presidente de la Comisión, Thibault Verny, afirmó que los nuevos estatutos buscan fortalecer la responsabilidad compartida en el cuidado de menores y personas vulnerables. Según explicó, el texto recoge aportaciones provenientes de víctimas y supervivientes, especialistas en protección y experiencias de Iglesias locales.

Relación directa con el Papa y coordinación con Doctrina de la Fe

Los estatutos mantienen a la Comisión integrada dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero establecen que continúe informando directamente al Romano Pontífice por medio de su presidente.

La normativa define con mayor precisión la colaboración entre ambas instancias en áreas como intercambio de información, elaboración de metodologías de protección, formación y preparación del Informe Anual.

El documento subraya además que la Comisión tiene una función de orientación y acompañamiento, sin asumir directamente el gobierno de los procesos locales de protección.

Impulso a sistemas de denuncia y acompañamiento a víctimas

Entre las nuevas competencias asignadas se encuentra el apoyo a las Iglesias locales para establecer mecanismos de denuncia que sean permanentes y accesibles al público.

También se contempla la promoción de centros regionales y nacionales de escucha destinados a ofrecer acogida, acompañamiento, asistencia espiritual y atención médica y psicológica a las víctimas.

La Comisión podrá colaborar durante las visitas ad limina y acompañar a los institutos de vida consagrada mediante el trabajo con conferencias de superiores mayores para fortalecer procesos de formación y responsabilidad institucional.

Una de las disposiciones destacadas prevé que, cuando existan deficiencias graves o incumplimientos reiterados en los sistemas locales de denuncia, el organismo pueda remitir evaluaciones y recomendaciones al dicasterio competente para que adopte las medidas correspondientes.

Informe anual y nueva estructura de funcionamiento

La normativa encomienda igualmente la elaboración de un Informe Anual sobre las políticas e iniciativas de tutela en la Iglesia universal.

Este documento se desarrollará con participación de dicasterios de la Curia Romana y estructuras eclesiales locales, y será presentado al Papa antes de su eventual publicación.

El informe incluirá una sección dedicada a temas de alcance global y otra centrada en la experiencia concreta de conferencias episcopales e institutos de vida consagrada.

En cuanto a la estructura interna, la Comisión estará integrada por hasta 23 miembros nombrados por el Papa para periodos de cinco años renovables una sola vez. Los integrantes podrán ser clérigos, religiosos o laicos provenientes de distintos países y con experiencia en materia de protección.

El organismo celebrará dos asambleas plenarias al año y contará con un Consejo Ejecutivo permanente, además de grupos de trabajo regionales y consultores especializados para apoyar el desarrollo de sus funciones.