(CATOLIN).- Un informe de más de 800 páginas, hecho público el 14 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que durante la administración de Joe Biden se utilizó la legislación federal para perseguir a activistas y organizaciones provida.

El documento detalla que la Ley de Libre Acceso a las Clínicas (FACE Act) habría sido aplicada en perjuicio de estos grupos, incluyendo la colaboración con organizaciones proaborto. Según el comunicado oficial, el Departamento de Justicia llegó a solicitar información a estos grupos sobre los desplazamientos y actividades de activistas provida, incluso cuando se trataba de acciones protegidas constitucionalmente.

El informe también afirma que los activistas fueron vigilados durante años antes de ser acusados formalmente. Además, señala que fiscales habrían retenido pruebas solicitadas por la defensa, intentado excluir jurados por motivos religiosos y autorizado detenciones agresivas en lugar de permitir entregas voluntarias.

Asimismo, se indica que la administración habría favorecido a grupos proaborto mediante apoyo financiero y promovido penas más severas para acusados provida en comparación con personas vinculadas a actos violentos en el ámbito proaborto. Ante estos señalamientos, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, declaró que ningún organismo debe realizar acusaciones selectivas basadas en las creencias de las personas.

En paralelo, el debate legal sobre el aborto continúa en distintos estados. En Arkansas, seis mujeres y el médico Chad Taylor presentaron una demanda contra leyes que protegen a los no nacidos, argumentando su inconstitucionalidad. Posteriormente, dos mujeres más se sumaron a la solicitud de suspensión cautelar de dichas normas. La demanda incluye casos de embarazos ectópicos, malformaciones fetales graves y concepciones por violación. La legislación estatal contempla el aborto únicamente cuando la vida de la madre está en riesgo, una excepción presente en todos los estados del país.

Por otro lado, más de 70 organizaciones provida enviaron el 13 de abril una carta al Departamento de Justicia solicitando que deje de respaldar políticas relacionadas con el envío por correo de fármacos abortivos. En el documento advierten sobre posibles efectos negativos en la salud de las mujeres y en la aplicación de las leyes estatales. En este contexto, estados como Luisiana, Florida, Texas, Misuri, Idaho y Kansas han presentado demandas contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), aunque el Departamento de Justicia desestimó los casos.

Finalmente, en Oregón, un juez federal emitió un fallo provisional declarando inconstitucional una ley estatal que obliga a los seguros médicos a cubrir abortos y anticonceptivos. La resolución favorece a la organización Oregon Right to Life, al considerar que la norma vulnera derechos constitucionales. El fallo completo será publicado posteriormente.

El conjunto de estos hechos refleja un escenario de creciente tensión legal y política en torno al aborto en Estados Unidos, donde distintas instituciones, organizaciones y tribunales continúan enfrentándose por la interpretación y aplicación de las leyes en esta materia.