(CATOLIN). – El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado la suspensión cautelar de los trabajos de perforación iniciados en el conjunto monumental de la Santa Cruz del Valle de los Caídos al considerar que no consta la existencia de licencia urbanística ni de un proyecto técnico que respalde su ejecución.

La decisión judicial se produce tras un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra una presunta actuación de hecho atribuida a la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, dependiente del Ministerio de Vivienda.

La resolución fue emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, que argumentó que el recinto cuenta con el máximo nivel de protección patrimonial por tratarse de un espacio catalogado y reconocido como Bien de Interés Cultural.

Según recoge el tribunal, no consta que ante el ayuntamiento correspondiente se haya presentado una actuación comunicada o una solicitud formal de licencia acompañada del proyecto firmado por un arquitecto. Asimismo, señala que tampoco se tiene constancia de autorizaciones emitidas por parte de la Comunidad de Madrid ni del propio ministerio para ejecutar estos trabajos.

El tribunal sostuvo que resulta necesario evitar intervenciones que presuntamente no hayan obtenido las autorizaciones sectoriales requeridas, con el objetivo de controlar tanto el alcance como la forma de ejecución de las obras.

La resolución añade que esta suspensión cautelar no supone un perjuicio para el interés general, ya que la medida podrá mantenerse, modificarse o levantarse en un plazo breve. Además, concedió tres días al Abogado del Estado para presentar alegaciones.

Las perforaciones forman parte del proyecto de resignificación del entorno de la Cruz y comenzaron el pasado 8 de junio, fecha que coincidió con la visita apostólica del Papa León XIV a España y su intervención ante las Cortes.

Al día siguiente del inicio de los trabajos, la maquinaria utilizada apareció con pintadas y actos vandálicos, lo que provocó la interrupción de las labores. Posteriormente, el ministro Ángel Víctor Torres confirmó el incidente y reiteró que el objetivo del Valle es convertirse en un espacio orientado a la memoria democrática.

En el recurso presentado ante el tribunal, la asociación demandante sostuvo que las perforaciones no correspondían a una intervención menor o reversible, sino que implicaban una modificación física relevante sobre elementos del pavimento original y sobre el subsuelo del entorno protegido.

También argumentó que la continuidad de las obras sin supervisión adecuada podría generar alteraciones estructurales, humedad o afectar la estabilidad del conjunto, además de ocasionar daños difíciles o imposibles de reparar.

Tras valorar la urgencia del caso, el posible daño irreversible y la apariencia de fundamento jurídico de la reclamación, el tribunal consideró procedente adoptar la suspensión cautelar solicitada mientras continúa el proceso judicial.