(CATOLIN).- El Papa León XIV derogó este domingo el decreto administrativo emitido en 2023 por el Papa Francisco que obligaba a los cardenales y altos cargos de la Curia a pagar más del triple de su alquiler habitual por sus viviendas en el Vaticano. La medida entra en vigor de forma inmediata y constituye uno de los primeros gestos de cambio administrativo del nuevo pontificado.

Según informó el periodista italiano Nico Spuntoni, el rescripto de Francisco suprimía la vivienda gratuita o subvencionada para cardenales, jefes de dicasterios, presidentes y secretarios en activo. Este decreto se publicó tras el recorte salarial del diez por ciento aplicado en años anteriores y exigía a los prelados “un sacrificio extraordinario” para destinar más recursos a la misión de la Santa Sede.

El documento permitía excepciones sujetas a autorización papal y pretendía responder a los compromisos financieros del Vaticano. Sin embargo, no fue anunciado oficialmente en el boletín diario, sino colocado en un tablón de anuncios interno.

La medida fue respaldada en su momento por sectores progresistas, presentándola como una política de ahorro, aunque también fue señalada como una herramienta de gestión discrecional y disciplinaria, especialmente en el caso del cardenal Raymond Burke.

Un decreto que generó desigualdades

Spuntoni explicó al diario Il Giornale que el rescripto no se aplicó de forma retroactiva, por lo que solo afectó a los responsables nombrados después de marzo de 2023. Entre ellos se encontraba el entonces cardenal Robert Francis Prevost, actual León XIV, quien pagó el alquiler completo de su residencia en Via di Porta Angelica durante casi dos años.

El periodista señaló que Prevost, “como persona con gran respeto por la ley”, tuvo dificultades para aceptar la inequidad generada por el decreto. Como resultado, decidió derogarlo y permitir nuevamente que los altos cargos utilicen propiedades de la Santa Sede de forma gratuita o en condiciones favorables.

El rescripto también habría sido aplicable al cardenal Víctor Manuel Fernández, nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en julio de 2023, aunque pudo haber contado con una exención. En redes sociales, Fernández relató que el Papa Francisco le había elegido una vivienda dentro del Vaticano con terraza y vista a los jardines.

Consecuencias para el cardenal Burke

El cardenal Raymond Burke no recibió ninguna exención. Tras la revocación de su pensión, fue obligado a pagar un alquiler a precio de mercado o abandonar su apartamento en un plazo de dos meses. En diciembre de 2023 recibió una carta de la Sede Apostólica con esta exigencia, pocos días después de una reunión en la que, según informaciones, Francisco anunció medidas en su contra por preocupaciones sobre la desunión.

La imposición de alquileres elevados afectó especialmente a prelados ancianos sin recursos privados, para quienes resultó precaria o imposible la permanencia en Roma.

León XIV y su futura residencia papal

Paralelamente, continúan las obras en el Palacio Apostólico para preparar el traslado de León XIV, previsto inicialmente para enero y pospuesto a febrero. El portavoz vaticano Matteo Bruni explicó que el Papa pretende residir en los espacios utilizados por sus predecesores, junto con sus colaboradores más cercanos.

Entre estos espacios figura el ático sobre la Tercera Logia, donde antiguamente se ubicaban los apartamentos de los secretarios papales. Esta decisión marca el abandono de la residencia en Santa Marta y ha generado debates sobre la continuidad con el pontificado anterior.

Actualmente, León XIV vive en el Palacio del Santo Oficio, en un apartamento de aproximadamente 250 metros cuadrados situado sobre el despacho del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La vivienda ofrece vistas tanto a la cúpula de San Pedro como a Via di Porta Cavalleggeri. Prevost se trasladó allí en febrero de 2025, tras una modesta renovación.

Antes de ocupar ese inmueble, residió durante casi dos años en Via di Porta Angelica y posteriormente se mudó cerca de la curia agustiniana, con la que mantiene una relación cercana.

Impacto institucional y económico de la decisión

La derogación del rescripto tiene un significado político y administrativo. La decisión elimina el uso del alojamiento vaticano como posible herramienta disciplinaria y restaura la presunción de que los cardenales no deben temer represalias materiales por divergencias teológicas.

Spuntoni declaró al Catholic Herald que el decreto era “muy impopular” debido a las excepciones discrecionales, que provocaron que algunos prefectos pagaran alquiler completo mientras otros mantenían beneficios gracias a autorizaciones directas del Papa Francisco.

En el plano financiero, la supresión de los alquileres reabre el debate sobre las cuentas vaticanas. La política de 2023 se defendió como parte de la reforma fiscal, y su eliminación obliga a buscar otras vías para absorber la carga económica, como una mayor recaudación, reestructuración de activos o nuevas reformas de gobernanza.