(CATOLIN).– La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dejó visto para sentencia el juicio contra el padre Custodio Ballester, acusado de delito de odio por sus manifestaciones críticas hacia el islam. La Fiscalía solicita para él tres años de cárcel, la misma pena que pide para el sacerdote Jesús Calvo, mientras que para Armando Robles, director de Alerta Digital, la petición asciende a cuatro años de prisión junto al cierre del portal, según informó Europa Press.

El ministerio público sostiene que artículos y programas difundidos entre 2016 y 2017 constituyen incitación al odio contra migrantes y musulmanes. La acusación particular, ejercida por la asociación Musulmanes contra la Islamofobia, considera que los mensajes “demonizan a todo un colectivo” y generan hostilidad. En concreto, se señala un artículo del 28 de diciembre de 2016, titulado «El imposible diálogo con el Islam», en el que el P. Custodio afirmaba: “El islam no admite diálogo. O crees, o eres un infiel que debe ser sometido de una manera o de otra”.

Declaraciones del P. Custodio tras el juicio

Al salir de la sala, el P. Custodio se mostró sereno ante los medios:
“Esto es una especie de examen final. Ha habido un tribunal, un examen oral, y entonces estoy esperando la nota. He respondido lo que tenía que responder. Por lo tanto, estoy tranquilo.”

El sacerdote explicó que sus palabras se enmarcaron en una entrevista sobre el yihadismo en Cataluña, como quedó reflejado en las transcripciones policiales, y reiteró: “No me arrepiento”.

En tono irónico, denunció la desproporción de la acusación:
“Si estuviéramos en Afganistán o Pakistán, la Fiscalía me habría pedido la pena de muerte. Aquí en España, gracias a Dios, me han pedido tres años; pues entonces yo se lo agradezco verdaderamente.”

Más tarde, en entrevista con InfoCatólica, señaló que “si se cumple la lógica jurídica debería haber absolución. Si se mete la política puede ser otra cosa…”. Insistió en que ni él ni los demás acusados han incitado “a la violencia ni a la discriminación”, y que sus afirmaciones se referían al yihadismo, no a todos los musulmanes.

Sobre el apoyo recibido, aseguró que ha sido “impresionante”, y denunció que el delito de odio se está utilizando “como medio de amenaza y control social: el único discurso permitido es el que dicta el poder en cada momento”.

La libertad de expresión en el centro del debate

La Fiscalía sostiene que los contenidos señalados “exceden la libertad de expresión”. En cambio, las defensas insisten en que se trata de un proceso político, ya que las declaraciones estaban dirigidas al yihadismo radical y a la inmigración ilegal. El caso se apoya en el artículo 510 del Código Penal, que tipifica la incitación al odio, una figura que juristas denuncian como instrumento para imponer un pensamiento único.

Apoyos al P. Custodio

Medio centenar de personas se concentraron en oración frente a la Ciudad de la Justicia de Málaga para respaldar a los acusados. En Madrid, la Asociación de Abogados Cristianos entregó más de 27.000 firmas pidiendo la retirada de la acusación contra el sacerdote.

Asimismo, un manifiesto encabezado por el exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego y respaldado por cerca de un centenar de juristas denunció la injusticia del proceso y la utilización expansiva del delito de odio. El Observatorio para la Libertad Religiosa añadió que “denunciar el yihadismo radical no puede ser motivo de persecución judicial”.

El propio P. Custodio reveló que el cardenal Juan José Omella lo llamó recientemente para interesarse por su situación, le transmitió su oración y apoyo, e incluso le dijo en tono de broma que, si acababa en prisión, contaría con su visita: “Nos reímos los dos a carcajadas. Le he sentido como un verdadero padre”.

Ocho años de proceso y un trasfondo político-religioso

El juicio, que ha supuesto un desgaste de ocho años, trasciende lo personal para situarse en el debate sobre el islam y la identidad cultural europea. Lo que comenzó como una discusión sobre el yihadismo ha derivado en un proceso penal que, según críticos, amenaza la libertad de expresión, religiosa y de conciencia en España, aplicada de forma desigual “y que, según parece, es solo para algunos”.