(CATOLIN).- El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu, de 76 años, ha sorprendido a la opinión pública al declarar su intención de participar en el próximo cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco, fallecido recientemente. La afirmación ha generado controversia, dado su historial reciente: en 2020 fue apartado de sus funciones por orden directa del pontífice, y en 2023 fue condenado a cinco años y medio de prisión por delitos económicos.

El 24 de septiembre de 2020, la Santa Sede informó que el papa Francisco había aceptado la renuncia de Becciu como Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a “todos los derechos relacionados con el cardenalato”. Becciu, en declaraciones posteriores, reconoció haber aceptado dicha decisión “por obediencia”, aunque reiteró su inocencia.

La condena de 2023, dictada por el Tribunal Penal del Estado Vaticano, se relaciona con varias operaciones financieras irregulares, entre ellas la polémica compra de un edificio en Londres con fondos del Óbolo de San Pedro y transferencias económicas a entidades cercanas a su familia.

A pesar de su exclusión de la lista oficial de cardenales electores publicada recientemente, Becciu argumenta que no ha recibido ninguna notificación jurídica que le impida ejercer su derecho al voto. “No firmé ninguna renuncia ni he sido legalmente privado de mis derechos”, habría declarado el cardenal ante medios italianos.

Según el derecho canónico, todos los cardenales menores de 80 años pueden votar en el cónclave, salvo que una disposición explícita los prive de ese derecho. En este caso, la decisión del papa Francisco fue comunicada públicamente, pero —según fuentes próximas a Becciu— no se formalizó jurídicamente.

La organización del cónclave está a cargo de la Congregación General de los Cardenales, que no tiene autoridad para modificar los derechos canónicos de sus miembros. Por tanto, la posible presencia de Becciu en la Capilla Sixtina dependerá de la interpretación jurídica de las disposiciones del pontificado anterior.

Contexto histórico:

La participación en un cónclave de un cardenal condenado por corrupción no tiene precedentes en la historia reciente de la Iglesia. Este episodio podría abrir un debate sobre la necesidad de reformas jurídicas en el proceso de selección del Pontífice y la clarificación de los mecanismos de exclusión.