(CATOLIN). – La Comisión canónica del Sínodo ha presentado un informe en el que propone modificar más de treinta cánones del Código de Derecho Canónico para incorporar algunas de las conclusiones del proceso sinodal desarrollado entre 2021 y 2024.

Entre las propuestas figuran una mayor participación de los laicos en distintos ámbitos de la vida eclesial, cambios en la composición y competencias de los consejos pastorales y presbiterales, y modificaciones en determinadas funciones de los tribunales diocesanos. El informe también plantea introducir el «discernimiento comunitario» como categoría dentro de varias normas canónicas.

El documento, fechado en el Vaticano el 22 de septiembre, toma como referencia las Asambleas Generales del Sínodo de los Obispos de 2023 y 2024, especialmente el Documento Final aprobado en la segunda Asamblea. La Comisión está coordinada por el arzobispo Filippo Iannone y entre sus miembros se encuentran el cardenal Gianfranco Ghirlanda y la canonista Myriam Wijlens.

Se trata de propuestas, no de cambios vigentes

La Comisión advierte que sus planteamientos todavía no constituyen una reforma del Código. Ninguna de las modificaciones ha sido promulgada y, por tanto, el Código de Derecho Canónico actualmente vigente no cambia. El informe ha sido remitido a los organismos vaticanos competentes y al Papa, pero todavía no se ha determinado cuándo ni cómo podrían aplicarse las propuestas. Además, la propia Comisión considera que su trabajo está incompleto.

El informe contempla tres horizontes: modificaciones concretas del Código a corto plazo, nuevas instrucciones o revisión de las existentes a medio plazo y, a largo plazo, una revisión completa de los dos Códigos, el latino y el de las Iglesias orientales. Las propuestas actuales se refieren únicamente al Código latino.

Mayor participación de los laicos

Entre los cambios planteados se encuentra la posibilidad de que los laicos, hombres y mujeres, desempeñen determinados oficios y funciones para los que sean considerados idóneos. También se propone crear la figura del delegado episcopal, que podría ser elegido entre los fieles y ejercer potestad delegada en ámbitos similares a los de un vicario episcopal.

En los tribunales diocesanos, el informe propone que el obispo pueda nombrar directamente jueces clérigos y laicos, eliminando el permiso de la Conferencia Episcopal que actualmente se exige para los segundos. También contempla que, cuando no pueda constituirse un tribunal colegial en primera instancia, una causa pueda ser confiada a un único juez clérigo o laico, hombre o mujer.

Otra propuesta permitiría que laicos puedan asistir a matrimonios allí donde falten sacerdotes y diáconos, bajo las condiciones señaladas por el informe. También se plantea incorporar el ministerio instituido de catequista entre los ministerios estables.

Consejos pastorales y presbiterales

La propuesta establece que el consejo pastoral diocesano, actualmente facultativo, sea obligatorio en todas las diócesis y se reúna al menos tres veces al año. También plantea la existencia obligatoria de un consejo pastoral en cada parroquia, presidido por el párroco y encargado de participar en la elaboración de orientaciones y decisiones pastorales.

El consejo presbiteral conservaría ordinariamente su carácter consultivo, pero el informe propone que el obispo necesite su consentimiento para determinadas decisiones, entre ellas erigir, suprimir o modificar parroquias; erigir o suprimir un seminario; incardinar presbíteros; acoger ministros procedentes de comunidades que no están en plena comunión con la Iglesia católica, y vender bienes culturales de especial valor.

El sensus fidei y el discernimiento comunitario

Una de las propuestas de mayor alcance doctrinal afecta al canon 749, relacionado con la infalibilidad del Romano Pontífice y del Colegio episcopal. El informe plantea colocar al comienzo de este canon una referencia al sensus fidei de la totalidad de los fieles, tomando como base la enseñanza de Lumen gentium 12.

Asimismo, varios cánones incorporarían la noción de «discernimiento comunitario». Una de las propuestas establece que los pastores tengan el deber de escuchar el parecer de los fieles sobre aquello que afecta al bien de la Iglesia mediante modalidades de discernimiento comunitario. El informe, sin embargo, no define expresamente este concepto en los cánones propuestos.

Cambios en sínodos y concilios

La Comisión propone que los concilios provinciales se celebren cada diez años y plantea dos posibilidades respecto al plazo de respuesta de la Santa Sede sobre sus decretos: que Roma responda en un máximo de un año o que, si no existe respuesta dentro de ese plazo, los decretos puedan ser promulgados.

También se plantea que el sínodo diocesano se celebre al menos cada diez años y que los laicos elegidos por el consejo pastoral constituyan la mayoría de sus miembros. El obispo seguiría siendo el único legislador del sínodo.

Más rendición de cuentas

El informe propone además nuevas normas de transparencia. Los obispos deberían establecer normas sobre la rendición de cuentas y la evaluación de las entidades sometidas a su jurisdicción, con participación de expertos, incluidos laicos. Antes de enviar a Roma su relación quinquenal, presentarían a los fieles al menos una síntesis.

Las parroquias publicarían anualmente sus cuentas, certificadas en la medida de lo posible por auditores independientes. En las diócesis, el consejo de asuntos económicos presentaría su informe anual a los consejos presbiteral y pastoral.

El prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, el obispo Anthony Randazzo, había advertido previamente contra interpretaciones «excesivamente entusiastas» de la sinodalidad. En una entrevista concedida antes de la publicación del informe, afirmó que la Iglesia no se renueva abandonando sus raíces, sino permitiendo que esas raíces impulsen un nuevo crecimiento.

Por ahora, las modificaciones forman parte de un informe de propuestas y no del Derecho Canónico vigente. Su eventual incorporación dependerá de los organismos competentes y de las decisiones que se adopten posteriormente.