(CATOLIN). – La Secretaría General del Sínodo publicó el pasado 8 de septiembre los informes finales de los Grupos de Estudio 6 y 7, que contienen diversas propuestas para modificar las relaciones entre los obispos, los institutos de vida consagrada, las asociaciones de fieles y las estructuras de la Iglesia.

Los documentos fueron elaborados durante el proceso iniciado bajo el pontificado del papa Francisco y continuado tras la elección de León XIV. Sin embargo, la Secretaría General del Sínodo precisó que las propuestas no constituyen decisiones ya aprobadas, sino indicaciones que deberán ser estudiadas y, en su caso, convertidas en propuestas operativas para ser presentadas al Pontífice.

Uno de los planteamientos centrales del Grupo de Estudio número 6 consiste en establecer convenios o memorandos de entendimiento obligatorios entre las diócesis y los institutos religiosos, bajo un modelo común. Estos acuerdos tendrían que establecer las formas de colaboración pastoral y regular expresamente cuestiones relacionadas con el patrimonio y las remuneraciones.

El informe también propone desarrollar un mecanismo para implementar la denominada «igualdad de género en el lugar de trabajo», además de establecer procedimientos obligatorios de conciliación para afrontar conflictos, especialmente aquellos relacionados con bienes y patrimonio.

Un nuevo organismo consultivo para las diócesis

Otra de las propuestas consiste en crear una «nueva estructura diocesana obligatoria» que funcionaría como principal órgano consultivo del obispo en asuntos importantes relacionados con la pastoral y la misión de la diócesis.

Según el documento, este organismo estaría integrado por sacerdotes, personas consagradas y hombres y mujeres laicos. El informe contempla incluso que, mientras se producen eventuales modificaciones del Derecho Canónico, una instrucción de la autoridad competente a nivel universal pudiera permitir a los obispos establecerlo.

El Grupo 6 plantea además que laicos y consagrados tengan una participación más amplia en organismos eclesiales, no solamente como consultores, sino como «miembros de pleno derecho» en determinadas estructuras de decisión.

En el caso de los movimientos eclesiales, asociaciones de fieles y nuevas comunidades, el informe propone incorporarlos de manera más sistemática a los planes pastorales y a los organismos de participación de las diócesis.

El Pueblo de Dios participaría en la preparación de las visitas ad limina

El Grupo de Estudio número 7 plantea cambios importantes en la preparación de las visitas ad limina Apostolorum, mediante las cuales los obispos presentan periódicamente al Papa la situación de sus diócesis.

Una de las propuestas consiste en que el obispo convoque al Pueblo de Dios para participar en la elaboración del informe que posteriormente será enviado a Roma. El proceso incluiría a sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles laicos, particularmente mediante el Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral Diocesano.

El objetivo sería que el informe no fuera elaborado únicamente por el obispo y sus colaboradores más cercanos, sino que incorporara un proceso de discernimiento eclesial con una participación más amplia de la comunidad diocesana.

Visitas a Roma cada ocho años

Entre las modificaciones propuestas destaca también el cambio en la periodicidad de las visitas ad limina. El informe considera que la frecuencia tradicional de cinco años ya no resulta sostenible debido al aumento de compromisos del Papa y al número de Iglesias locales.

Por ello, plantea que las visitas puedan realizarse al menos cada ocho años, aunque reconoce que esta propuesta no cuenta con un consenso unánime, pues algunas conferencias episcopales habían solicitado mantener la periodicidad establecida por las normas vigentes.

El documento propone además que una delegación de la diócesis pueda acompañar al obispo durante su estancia en Roma, dando prioridad a quienes hayan participado en la preparación de la visita. También plantea mecanismos de financiación para evitar que las diócesis con menos recursos queden en desventaja.

Un informe específico sobre la protección de menores

Las propuestas incluyen igualmente un mecanismo específico para evaluar la actuación de las Iglesias locales en materia de protección de menores y adultos vulnerables.

Antes de viajar a Roma, los obispos presentarían un informe específico sobre esta cuestión, que sería examinado durante la visita junto con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. El documento vincula este proceso con una comunicación transparente, pública y eficaz.

Después de regresar de Roma, los obispos también informarían a sus respectivas Iglesias locales sobre los resultados de la visita mediante uno o varios encuentros públicos. El informe contempla además la creación periódica de una comisión eclesiástica independiente para evaluar todo el proceso.

León XIV deberá decidir sobre las propuestas

Los informes fueron elaborados por grupos de estudio creados para profundizar en cuestiones surgidas durante el proceso sinodal. El Grupo 6 trabajó sobre las relaciones entre obispos, vida consagrada y asociaciones de fieles, mientras que el Grupo 7 abordó distintos aspectos relacionados con el ministerio episcopal y, en esta segunda parte, las visitas ad limina.

Un elemento particular es que León XIV participó en la elaboración del informe del Grupo 6 cuando todavía era prefecto del Dicasterio para los Obispos. Su pertenencia al comité central del grupo se mantuvo hasta el 8 de mayo de 2025, fecha de su elección como Pontífice.

Por ahora, las propuestas permanecen en estudio. Algunas de ellas implicarían modificaciones en la organización de las diócesis e incluso cambios en aspectos actualmente regulados por el Derecho Canónico. El propio informe reconoce que determinadas iniciativas requerirían modificaciones jurídicas para poder aplicarse plenamente.