(CATOLIN).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) celebró la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno tras el acuerdo entre el PSOE y Podemos, una medida que podría beneficiar a unas 550 000 personas en situación administrativa irregular y riesgo de exclusión social. La Iglesia calificó la iniciativa como un “acto de justicia social” y pidió a las administraciones públicas habilitar mecanismos eficaces para su correcta aplicación.

Según datos citados por las entidades eclesiales, el 68 % de los migrantes en situación irregular sufre exclusión social. Cáritas informó que en 2024 el 47 % de las personas acompañadas por la institución no tenía regularizada su situación, una cifra cercana a las 550 000 personas. La regularización extraordinaria pretende dar respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias del actual Reglamento de Extranjería.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol y responsable del Departamento de Migraciones de la CEE, monseñor Fernando García Cariñanos, afirmó que el inicio del proceso es “una muy buena noticia” y destacó que “pone luz y esperanza” a personas que, pese a contribuir al desarrollo del país, permanecen en situación irregular. La postura de la CEE se enmarca en el trabajo realizado durante cuatro años por Cáritas, CONFER, REDES y el Departamento de Migraciones, impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización.

Sin embargo, el respaldo episcopal ha provocado críticas dentro de la propia Iglesia. El padre Juan Manuel Góngora, sacerdote español con responsabilidades pastorales directas y párroco en tres barriadas de El Ejido (Almería), expresó públicamente su malestar por la distancia entre la Conferencia Episcopal y la realidad que viven parroquias y barrios afectados por la inmigración masiva.

En una intervención difundida en redes sociales, el sacerdote lamentó que “nadie con responsabilidades eclesiales” le haya consultado sobre la situación concreta ni sobre posibles medidas pastorales ante los efectos sociales y criminales asociados a la inmigración ilegal. Denunció que desde la jerarquía se emitan mensajes públicos sin escuchar a quienes trabajan sobre el terreno y advirtió del riesgo de que la Iglesia termine siendo “cómplice” por omisión cuando respalda decisiones políticas sin un discernimiento pastoral serio.

Estas declaraciones se produjeron tras la difusión de un vídeo de la Oficina de Información de la CEE en el que su presidente, monseñor Luis Argüello, celebró el decreto gubernamental apelando a conceptos como “salud democrática” y “oportunidad política”, sin referencias explícitas a los problemas derivados de una inmigración sin control ni a la responsabilidad del Estado.

El padre Góngora reforzó su postura con un mensaje publicado en la red social X, donde calificó la regularización masiva como una operación política con fines electorales y criticó el respaldo inmediato de algunos sectores eclesiales. En su publicación citó al cardenal Robert Sarah para advertir sobre el riesgo de una Iglesia que, por temor a la desaprobación, adopta discursos vagos y evita un posicionamiento claro.

Mientras la Conferencia Episcopal insiste en que la regularización extraordinaria es una medida de responsabilidad ética y social orientada a la integración, las declaraciones del padre Góngora reflejan una creciente tensión interna y el reclamo de mayor escucha pastoral y discernimiento ante las consecuencias sociales de la inmigración irregular.