(CATOLIN).- La Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa (FAFCE) enfrenta una grave crisis financiera luego de que la Unión Europea decidiera congelar por completo la financiación de todos los proyectos presentados por la organización dentro de los programas comunitarios. La medida afecta directamente la operatividad de la federación, fundada en 1997 y con sede en Bruselas.

FAFCE agrupa a 33 asociaciones familiares de 21 países europeos y desarrolla su labor conforme a la doctrina social de la Iglesia, defendiendo la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, la protección de la infancia y la dignidad de la persona humana. Esta fidelidad a la enseñanza católica, según la propia federación, se ha convertido en un obstáculo para acceder a los fondos europeos.

La Comisión Europea rechazó las seis propuestas de proyectos presentadas por FAFCE, vinculadas a programas como Erasmus+ y Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV). De acuerdo con la evaluación oficial, las propuestas contenían “información limitada sobre desigualdades de género” y no incorporaban de manera suficiente criterios de “diversidad de género” ni “salvaguardas contra la discriminación”.

Los evaluadores señalaron además que el enfoque de los proyectos “podría contravenir las disposiciones de igualdad de la UE”, sin aportar pruebas concretas que sustentaran dicha afirmación. FAFCE interpretó esta argumentación como un caso claro de exclusión ideológica.

Los proyectos rechazados estaban enfocados en la protección de menores, la prevención del acceso de niños y adolescentes a la pornografía y la lucha contra la soledad juvenil, ámbitos que la federación considera directamente relacionados con el bien común y el fortalecimiento de las familias.

El presidente de FAFCE, Vincenzo Bassi, advirtió que la congelación de fondos coloca a la organización en una situación crítica, ya que necesita recaudar al menos 150.000 euros para mantener su estructura básica, evitar despidos y continuar su presencia institucional en Bruselas durante el próximo año. Bassi denunció la medida como una “discriminación ideológica” y cuestionó los criterios de la Comisión Europea al preguntarse cómo una federación dedicada a la promoción de la familia puede ser excluida de programas como CERV o Erasmus+.

La decisión también generó reacciones políticas. La eurodiputada húngara Kinga Gál calificó la medida como “la forma más elevada de discriminación” y afirmó que penalizar a quienes promueven la familia natural constituye un ataque directo a los fundamentos sociales de Europa. Señaló además que no se puede permitir que Bruselas elimine este valor en nombre de la ideología de género.

Asimismo, varios eurodiputados presentaron preguntas formales a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre los criterios utilizados en la asignación de fondos y para solicitar garantías de que las organizaciones de inspiración cristiana no sean excluidas por motivos ideológicos.