(CATOLIN). – Una investigación reciente del Center for Family and Human Rights (C-Fam) ha evidenciado un patrón sistemático en el uso de mecanismos de la ONU para presionar a los Estados a liberalizar sus leyes sobre el aborto y promover políticas relacionadas con la ideología de género, incluso cuando estos temas no están contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos.

Aunque el debate sobre el aborto fue incluido formalmente en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, no se reconoció como un derecho humano internacional. Sin embargo, desde inicios de los años ochenta, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya incluía observaciones sobre el tema en sus revisiones nacionales.

Un cambio más claro se dio después de la CIPD. Por ejemplo, en 1994, el CEDAW instó a las mujeres de Colombia a “luchar por la legalización del aborto” como forma de combatir la mortalidad materna, y en 1995, pidió a Perú revisar su legislación para ampliar las excepciones por motivos de salud. En años posteriores, otros comités de la ONU —como el Comité de Derechos Humanos encargado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)— se sumaron a esta presión. En 1998 solicitó a Tanzania revisar su legislación sobre aborto, y en 1999, hizo lo mismo con Chile, proponiendo excepciones legales a su entonces prohibición total.

Según el análisis de C-Fam, a partir de 2003 más del 90% de las revisiones del Comité CEDAW incluyeron demandas directas sobre aborto.

Expansión de la ideología de género

En los últimos años, el enfoque se ha ampliado a incluir la orientación sexual e identidad de género, conceptos ausentes en los tratados originales. Aun así, en 2023, todos los informes del Comité de Derechos Humanos incluyeron recomendaciones en esta materia. Las exigencias van desde la despenalización de la homosexualidad hasta la legalización del matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, así como el reconocimiento legal del cambio de género.

Casos como el de Pakistán en 2024 —donde el comité pidió derogar leyes que penalizan los tratamientos médicos de cambio de sexo— o el de Bulgaria en 2018 —instando al reconocimiento total de las uniones homosexuales en matrimonio y adopción— ilustran la forma en que estos comités actúan.

A pesar de que las observaciones de los comités de la ONU no tienen carácter vinculante, diversos tribunales nacionales las han citado para justificar cambios legislativos, y agencias como la OMS las presentan como estándares internacionales autorizados. Por ejemplo, la guía de 2022 de la OMS sobre aborto incluye un anexo de derechos humanos que se fundamenta en buena parte en esas opiniones no vinculantes.

La base de datos de C-Fam, construida a partir de los informes de revisión y recomendaciones de los comités, ofrece una panorámica amplia y documentada de este fenómeno creciente, en el que organismos multilaterales estarían, de facto, excediendo sus competencias originales para influir en el ordenamiento jurídico y moral de los Estados miembros