(CATOLIN). – El 34° Juzgado del Crimen de Santiago de Chile dictó el sobreseimiento total y definitivo del sacerdote chileno Felipe Hernán Berríos del Solar, en una causa penal por abuso sexual contra una menor de edad, ocurrido en el año 2000. Si bien la decisión impide una condena formal debido a la prescripción del delito, el juez Edgardo Gutiérrez Basualto consideró probado que el abuso sí ocurrió.

Según el fallo judicial, los hechos denunciados —un episodio sucedido el 17 de agosto de 2000 durante un retiro en el Santuario de Schoenstatt, comuna de La Florida— fueron considerados como «actos de relevancia y connotación sexual» cometidos por el entonces sacerdote contra una menor de 15 años. El tribunal determinó que el testimonio de la víctima fue «coherente, persistente y corroborado» por testigos y documentos, y que existió «dolo directo» por parte del acusado.

Sin embargo, a pesar de que la justicia chilena acreditó el abuso como delito de abuso sexual a menor de más de 12 años, la causa no puede avanzar debido a que han pasado más de 25 años, plazo en el que prescribe la acción penal según la legislación vigente. El detalle paradójico es que cuando se presentó la denuncia en 2022, el delito aún no había prescrito, pero el proceso judicial no avanzó con la celeridad necesaria, lo que ha generado críticas públicas.

Expulsión de la Compañía de Jesús y antecedentes previos

En mayo de 2024, la Compañía de Jesús en Chile anunció la expulsión de Felipe Berríos tras una investigación interna que determinó “infracciones graves contra el sexto mandamiento”. Como medida adicional, se le prohibió por 10 años cualquier contacto pastoral con menores. El caso que ahora ha sido sobreseído judicialmente fue uno de varios en su contra, ya que otras mujeres también han denunciado abusos por parte de Berríos cuando eran adolescentes o jóvenes.

La defensa anuncia apelación

El abogado defensor de Berríos, Julián López, anunció que apelará la decisión judicial ante la Corte de Apelaciones. En sus declaraciones a medios locales, calificó la resolución como «una grave vulneración al debido proceso y al derecho de defensa», y alegó que el tribunal acreditó un delito sin que existiera sentencia ni cargos formales. Además, cuestionó que la decisión se haya basado principalmente en el testimonio de la víctima, sin pruebas materiales adicionales.