(CATOLIN). – En una muestra de unidad entre las principales confesiones cristianas del país, la Conferencia de Obispos Católicos de Ghana (GCBC) y el Consejo Cristiano de Ghana (CCG) han solicitado que se dé trámite urgente al Proyecto de Ley sobre Derechos Humanos y Valores Familiares, el cual busca restringir la promoción y práctica de conductas contrarias a la moral cristiana, incluyendo las relacionadas con la agenda LGTBI.

En un comunicado conjunto fechado el 18 de junio, ambas instituciones señalaron que, aunque la nueva versión de la ley fue presentada como iniciativa de diputados individuales, consideran esencial que el Gobierno y la Fiscalía General la respalden formalmente para garantizar su viabilidad jurídica. “Todo el proceso legislativo ya ha sido completado previamente. Solo falta voluntad política para su aplicación efectiva”, subraya el documento.

El proyecto legislativo, ya aprobado por el Comité de Asuntos Constitucionales, Legales y Parlamentarios, ha generado debate tanto dentro como fuera del país. El año pasado, la embajadora estadounidense en Ghana, Virginia Palmer, criticó públicamente la propuesta, afirmando que socava la imagen de Ghana como nación tolerante. Sin embargo, los líderes eclesiales ghaneses han defendido firmemente la legislación, considerándola una defensa legítima de los valores tradicionales.

“El país se enfrenta a una invasión de ideologías extranjeras que amenazan el tejido moral de nuestra sociedad”, advierten el obispo Matthew Kwasi Gyamfi, presidente de la GCBC, y el reverendo doctor Hilliard Dela Dogbe, presidente del CCG. Ambos hacen un llamado a preservar la identidad cultural y religiosa de Ghana, y recalcan que una sólida formación moral es clave para combatir la corrupción y promover el desarrollo.

Además del tema legislativo, el pronunciamiento aborda otros aspectos de la vida nacional. Entre sus peticiones se incluyen la restitución de representantes religiosos en el Consejo del Servicio Educativo, auditorías al proyecto de la Catedral Nacional y una reforma constitucional que permita la elección directa de autoridades municipales.

Finalmente, proponen institucionalizar el 1 de julio como el Día Nacional de la Oración y Acción de Gracias, liderado por las comunidades religiosas. “La Iglesia debe ocupar un papel central en la vida del país, ofreciendo guía espiritual, promoviendo la justicia y manteniendo su compromiso con la paz y la democracia”, concluyen.