(CATOLIN).– El legislador mexicano Arturo Ávila anunció el lunes 10 de noviembre el retiro de una propuesta legislativa que pretendía imponer nuevas limitaciones a sacerdotes, pastores y líderes religiosos en el ámbito digital. La decisión se tomó tras amplias consultas con representantes de distintas comunidades religiosas de México, entre ellas organizaciones islámicas, judías, mormonas, cristianas y la jerarquía católica.

La iniciativa proponía añadir un tercer párrafo al Artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual ya prohíbe a las instituciones religiosas operar medios tradicionales como radio o televisión. El nuevo texto habría extendido esas restricciones al entorno digital, sometiendo a supervisión gubernamental los sermones, homilías transmitidas en directo, perfiles en redes sociales y cualquier otra expresión digital de fe. La supervisión estaría a cargo de la Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

La reacción de las comunidades religiosas y civiles fue inmediata. Diversos grupos alertaron que la medida podría convertir a México en un país donde los líderes religiosos fueran penalizados por expresar opiniones morales o sociales en internet, evocando tiempos de censura eclesiástica.

Organizaciones de la sociedad civil reunieron firmas contra la propuesta, advirtiendo que vulneraba la libertad de expresión y de religión garantizadas por la Constitución mexicana, y que además limitaría el debate público.

Durante las consultas del lunes, representantes de las comunidades religiosas coincidieron en señalar que el ministerio espiritual actual depende de las plataformas digitales para llegar a sus comunidades, especialmente en zonas remotas o marginadas. Subrayaron que el control estatal sobre estos medios supondría una barrera al ejercicio pastoral y a la comunicación de la fe.

Ante las críticas, Arturo Ávila reconoció la legitimidad de las preocupaciones, argumentando que los desafíos digitales “requieren un debate cuidadoso y matizado para fortalecer el Estado laico, garantizando plenamente la libertad religiosa”. Añadió que la decisión de retirar la propuesta busca construir un marco regulatorio responsable y consensuado con todos los actores involucrados.

Expertos en derecho señalaron que, aunque el gobierno podría seguir explorando formas de regular el contenido dañino en internet, centrar esas medidas en la expresión religiosa habría generado conflictos constitucionales y tensiones con las comunidades de fe.

Por ahora, se ha evitado una amenaza directa a la libertad religiosa digital en México. Sin embargo, el debate continúa abierto. La retirada de la iniciativa refleja el peso de la participación ciudadana y el valor del diálogo interreligioso, al tiempo que muestra el delicado equilibrio entre regulación estatal, libertad de expresión y práctica religiosa en la era digital.