(CATOLIN).- En una sesión a puerta cerrada y durante la medianoche, el Congreso del estado de Campeche aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, eliminando las sanciones que previamente se imponían a quienes practicaban esta acción. La medida ha sido duramente criticada por sectores provida, quienes denuncian un «abuso legislativo» y una «loca carrera por la muerte».

Previo a esta reforma, el código penal estatal contemplaba penas que iban desde trabajo comunitario hasta prisión para quienes interrumpieran un embarazo. Con la modificación de los artículos 155, 157, 158 y 159 del Código Penal de Campeche, la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas queda legalizada, aunque se endurecen las sanciones para quienes obliguen a una mujer a abortar. La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) y aprobada por mayoría en el Congreso local.

Con esta decisión, Campeche se convierte en la entidad número 22 en adoptar la despenalización del aborto en México, alineándose con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre de 2023, que declaró inconstitucional la criminalización de esta práctica a nivel federal. La tendencia se ha acelerado desde la llegada al poder de Claudia Sheinbaum, con varios congresos estatales siguiendo la misma ruta.

Iglesia condena la decisión y recuerda la excomunión para quienes favorezcan el aborto

El obispo de Campeche, Mons. José Francisco González, quien recientemente fue nombrado Arzobispo de Tuxtla-Gutiérrez, reaccionó con firmeza ante la decisión del Congreso. En una rueda de prensa el 26 de febrero, calificó la medida como «incomprensible» desde el punto de vista legal y social, denunciando que se realizó en medio del carnaval, una de las festividades más importantes del estado, sin transparencia ni debate público.

El prelado recordó que el Código de Derecho Canónico establece que «quien favorece el aborto prácticamente queda fuera de la comunón con la Iglesia» y no puede participar en los sacramentos. Advirtió que esto aplica no solo a quienes se someten al procedimiento, sino también a legisladores, médicos y cualquier persona que facilite o promueva el aborto.

Mons. González enfatizó que el aborto es un delito «particularmente grave e ignominioso», alertando que, si la sociedad justifica la eliminación de un niño por nacer bajo el argumento de que «no es deseado», en el futuro podría hacer lo mismo con ancianos, enfermos o personas con discapacidad. «Finalmente, ninguna vida será respetada; por cualquier motivo se le podrá cercenar», advirtió.

El obispo también cuestionó la falta de apoyo gubernamental para las mujeres en situación vulnerable: «¿Hay en verdad acciones y políticas concretas que apoyen a las mujeres gestantes que quieren ser madres? ¿Qué hay de las mujeres ancianas, de las madres que sufren el alcoholismo en su hogar, de aquellas que padecen cáncer o están en diálisis?», planteó.

Finalmente, Mons. González anunció que la Iglesia en Campeche reforzará sus iniciativas provida, promoviendo redes de apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y concientizando sobre el valor de la vida desde la concepción.

Reacciones divididas

La despenalización del aborto en Campeche ha generado reacciones encontradas. Mientras grupos feministas celebran lo que consideran un «avance en derechos reproductivos», organizaciones provida, como «MÁS VIDA MÁS FAMILIA», han condenado la decisión como un «abuso legislativo» y una «vergüenza».