(CATOLIN).- El Vaticano anunció la reforma administrativa más profunda de los últimos veinticinco años tras la aprobación, por parte del papa León XIV, de dos textos normativos: el Reglamento General de la Curia Romana y el Reglamento General del personal de la Curia Romana. Publicados el 24 de noviembre, establecen un marco experimental de cinco años que busca aportar orden, coherencia y modernización a una estructura históricamente guiada por la costumbre.

Los cambios afectan el modo de decidir, registrar, responder, consultar, archivar, coordinar, evaluar, contratar y comunicar. También modifican la relación de la Curia con obispos, fieles, religiosos, movimientos y con el mundo exterior, marcando una nueva etapa en la imagen administrativa de la Iglesia.

Fin del uso preferente del latín

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del requisito de que los actos curiales se redacten “por regla general” en latín. El artículo 50 del nuevo reglamento establece que las instituciones curiales “redactarán normalmente sus actos en latín o en otra lengua”, permitiendo el uso habitual de idiomas como italiano, inglés o francés. Esto supone, en la práctica, el fin del latín como lengua principal en la documentación ordinaria.

También desaparece el requisito de “buen conocimiento del latín” para los empleados vaticanos, manteniéndose obligatorios el dominio del italiano y otra lengua moderna. La Oficina de Letras Latinas seguirá existiendo dentro de la Secretaría de Estado para apoyar la redacción y traducción de documentos en ese idioma.

Digitalización y transparencia

Por primera vez se exige a las oficinas vaticanas el uso de sistemas informáticos certificados, archivos digitales, controles de destrucción y registros de acceso. Las instituciones deberán adquirir tecnología conforme a normas de validación supervisadas por la Secretaría para la Economía.

Los reglamentos introducen además un derecho inédito: los fieles deberán recibir respuesta cuando dirijan asuntos a la Santa Sede. Toda solicitud enviada tendrá que ser registrada, asignada y respondida, eliminando el silencio administrativo que anteriormente generaba presiones u omisiones.

Coordinación institucional

Los documentos destinados al Papa deberán canalizarse obligatoriamente a través de la Secretaría de Estado. Las instituciones deberán compartir entre sí los textos de mayor relevancia antes de su publicación, y las reuniones interdepartamentales seguirán procedimientos obligatorios de colaboración.

Las decisiones que afecten a diócesis, institutos religiosos o movimientos requerirán consulta previa con sus respectivos superiores, abordando así problemas del pasado derivados de decisiones tomadas sin escuchar a las partes implicadas.

Nuevas exigencias para el personal

El Reglamento de Personal exige que los trabajadores mantengan “conducta religiosa y moral ejemplar” incluso en su vida privada y familiar. La jornada laboral será de seis días a la semana, con horarios fijos, 26 días de vacaciones, límites al trabajo a tiempo parcial y prohibición de contratar familiares dentro de la misma oficina.

Las bajas médicas serán supervisadas con mayor rigor y se implementarán evaluaciones profesionales vinculadas a estándares medibles. Se introducen además formación continua obligatoria, declaraciones de conflicto de interés y normas de integridad.

Una refundación jurídica y organizacional

Las reformas buscan uniformidad en todos los niveles: redacción de documentos, cooperación entre dicasterios y disciplina del personal. Algunos ven en esto un retorno a la claridad; otros temen una centralización excesiva en la Secretaría de Estado.

No se trata de ajustes cosméticos, sino de una auténtica refundación administrativa. La Curia pasa de operar por tradición tácita a regirse por normas verificables y estructuras rastreables. Con ello, según coinciden diversos observadores internos, el Vaticano entra en una nueva etapa marcada por la responsabilidad institucional.