(CATOLIN).- Planned Parenthood ha anunciado el cierre definitivo de sus dos clínicas en el estado, ubicadas en Baton Rouge y Nueva Orleans, a partir del 30 de septiembre, tras más de cuatro décadas de actividad. Las instalaciones, pertenecientes a la filial Planned Parenthood Gulf Coast, también cesarán operaciones en dos centros de Texas.

Según informó el canal local WAFB, las clínicas enfrentaban “presiones legales, políticas y financieras” por parte de las autoridades estatales. La organización provida Louisiana Right to Life señaló que dichos centros estaban previstos como un punto regional para la realización de abortos.

“El movimiento provida ha venido para quedarse. Siempre amaremos y serviremos tanto a la madre como al bebé”, declaró Benjamin Clapper, director ejecutivo de Louisiana Right to Life. Añadió que el cierre confirma que Planned Parenthood “nunca ha sido una organización sanitaria legítima, sino una entidad dedicada al aborto”.

De acuerdo con WDSU6, además de servicios abortivos, las clínicas ofrecían procedimientos relacionados con el llamado “cuidado afirmativo de género” y gestionaban la asistencia para abortos fuera del estado. Actualmente, Luisiana prohíbe prácticamente todos los abortos y es considerado uno de los estados más restrictivos en esta materia, según el Instituto Guttmacher.

El periodista provida David Daleiden, reconocido por sus grabaciones encubiertas que presuntamente vinculaban a miembros de Planned Parenthood con la venta de tejidos de fetos abortados, celebró el anuncio. Recordó que hace una década difundió imágenes de miembros de la filial Gulf Coast en ese contexto y, aunque la organización lo demandó judicialmente para impedir la publicación de todas las grabaciones, “han terminado perdiendo”.

A nivel nacional, el profesor y académico católico Michael New informó que en lo que va de 2025 se han anunciado 40 cierres de clínicas de Planned Parenthood. Este mismo mes, la filial en Ohio comunicó despidos y el cierre de varios centros. Según Catholic News Agency, esta reducción se da en un contexto marcado por la ley presupuestaria firmada en 2018 por el presidente Donald Trump, que bloquea temporalmente la financiación federal a proveedores de abortos, medida actualmente suspendida por decisión judicial.