(CATOLIN).– La Iglesia Católica en México condenó el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de los Muertos en la plaza principal de la ciudad.

El edil fue atacado a quemarropa por un hombre armado, falleciendo pocos minutos después. En reiteradas ocasiones, Manzo había denunciado públicamente la presencia de grupos criminales en la región y había solicitado apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para frenar la violencia.

Durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en septiembre, el alcalde advirtió que el origen de la violencia no se limitaba a pandillas, sino que provenía de “grupos criminales, cárteles muy poderosos”. También expresó su temor por su vida: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados… no quiero que la Policía municipal siga siendo parte de la estadística”, afirmó entonces.

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Harfuch, informó el 2 de noviembre que Manzo contaba con protección asignada desde diciembre de 2024, pero que los agresores “aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para organizar el ataque”.

El crimen se suma al asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre, quien también había denunciado la presión del crimen organizado sobre los productores agrícolas.

“No basta con aprehender al asesino”

En un comunicado emitido este 2 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó los hechos y denunció la presencia de “grupos armados que controlan la vida pública” en diversas regiones del país.

“Los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a productores, comerciantes y gobernantes reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos —municipales, estatales y federales— están obligados a garantizar”, señalaron los obispos.

La CEM pidió a las autoridades actuar con “determinación e inteligencia” no sólo para detener los asesinatos de Bravo y Manzo, sino para proteger la vida de miles de ciudadanos que cada día “ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas”.

Los prelados subrayaron que “hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos”, exhortando a enfrentar la falta de Estado de derecho que agrava la violencia en el país.

Finalmente, los obispos expresaron su solidaridad con las comunidades que viven en contextos de violencia, reconociendo la entrega silenciosa y valiente de quienes anuncian el Evangelio en medio del peligro. Encomendando a Santa María de Guadalupe, pidieron su intercesión para que México alcance “la paz, la libertad y el desarrollo que merece”.