(CATOLIN).- Las Hermanas Dominicas de Hawthorne, una congregación con más de 125 años dedicada al cuidado gratuito de enfermos terminales de cáncer sin recursos, han presentado una demanda federal contra el Estado de Nueva York por una ley que les obliga a aplicar criterios de identidad sexual en sus centros, bajo amenaza de multas, cárcel y pérdida de licencia.

La demanda fue registrada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en White Plains, y señala como demandados a la gobernadora Kathy Hochul y a cuatro funcionarios del Departamento de Salud estatal. Las religiosas argumentan que la normativa vulnera la libertad de expresión y el libre ejercicio religioso protegidos por la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El conflicto comenzó hace aproximadamente dos años, cuando la congregación recibió tres cartas de advertencia del Departamento de Salud. En ellas se les indicaba que no podían negarse a asignar habitaciones según la identidad de género declarada, impedir el uso de baños conforme a esa identidad ni rechazar el uso de nombres o pronombres elegidos por los pacientes.

La ley en cuestión, denominada The Long-Term Care Facility Residents’ Bill of Rights for LGBTQIA+ New Yorkers and People Living with HIV, fue aprobada por amplia mayoría legislativa y firmada el 30 de noviembre de 2023. La normativa obliga a las residencias a alojar a los pacientes conforme a su identidad sexual declarada, permitir el uso de instalaciones bajo ese criterio y emplear los pronombres elegidos, además de promover entornos que afirmen dichas preferencias.

Asimismo, establece que no se puede restringir la interacción entre residentes, incluyendo expresiones consensuadas de intimidad o relaciones sexuales, salvo que la restricción sea general y no discriminatoria. También exige formación obligatoria para el personal y la exhibición de avisos públicos contra la discriminación.

Las sanciones contempladas incluyen multas de hasta 2,000 dólares por una primera infracción, 5,000 por reincidencia y hasta 10,000 dólares, un año de prisión o ambas en casos considerados deliberados.

La superiora general, Madre Marie Edward, afirmó que no pueden cumplir con este mandato sin violar su fe católica, subrayando que siempre han atendido a pacientes de toda condición con dignidad y caridad, sin haber recibido quejas. De hecho, según las religiosas, el centro Rosary Hill Home no registra denuncias en la web oficial de salud pública.

El abogado de la congregación advirtió que la normativa representa una amenaza existencial, ya que tanto la residencia como sus empleados dependen de licencias estatales para operar.

Las hermanas también denunciaron una desigualdad en la ley, ya que contempla una exención para instituciones que confían exclusivamente en la oración para la curación, pero no incluye a entidades católicas u otras confesiones, lo que consideran una violación a la libertad religiosa.

En su argumentación, sostienen que cumplir con estas disposiciones implicaría actuar contra enseñanzas fundamentales de la fe católica. «Las implicaciones van mucho más allá de decir “él” o “ella”», señala la demanda, advirtiendo que se les obligaría a afirmar una visión contraria a sus creencias.

La congregación, fundada en 1900 por Rose Hawthorne Lathrop, atiende actualmente a pacientes terminales sin límite de estancia en su residencia de Hawthorne, donde la mayoría de los enfermos fallece tras recibir cuidados gratuitos. Hoy cuenta con 44 religiosas que continúan esta labor asistencial.

Mientras el Departamento de Salud ha evitado comentar el litigio, las religiosas insisten en que su intención no es litigar, sino poder continuar su misión sin renunciar a su fe.