(CATOLIN).- Un juez federal en Luisiana emitió una orden que impide a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) aplicar una norma que obligaría a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) y a otras entidades católicas a respaldar seguros médicos con cobertura de abortos y otros procedimientos contrarios a su doctrina.

La resolución, firmada por el magistrado David Joseph, amplía una protección previa limitada solo a los abortos voluntarios, y ahora exime a las instituciones religiosas de cualquier obligación relacionada con abortos por indicación médica, anticoncepción, esterilización, fecundación in vitro y gestación subrogada.

El caso se origina en la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (PWFA), aprobada en 2022, cuya aplicación fue interpretada por la EEOC en 2024 como inclusión de abortos y técnicas de reproducción asistida dentro de las “afecciones médicas relacionadas” con el embarazo. La USCCB, que inicialmente respaldó la ley, demandó a la agencia al considerar que su implementación derivaba en un mandato favorable al aborto que vulneraba la libertad religiosa.

Los obispos cuentan con la representación legal del Becket Fund for Religious Liberty, cuyo vicepresidente, Daniel Blomberg, afirmó que la demanda no cuestiona la PWFA en sí, sino la “extralimitación” de la EEOC. Subrayó que la nueva orden judicial otorga una protección legal formal frente a posibles sanciones o investigaciones.

La decisión llega tras varios fallos previos: en 2024 se había suspendido parcialmente la aplicación de la norma y en mayo de 2025 un tribunal declaró ilegal la disposición sobre abortos voluntarios por exceder la autoridad otorgada por el Congreso. Ahora, la orden amplía la cobertura para evitar lo que los demandantes califican como un “perjuicio irreparable” derivado de responsabilidades legales y requisitos de certificación en contratos federales.

Mientras la USCCB celebra el fallo como una garantía de libertad religiosa y del derecho a mantener políticas provida, la EEOC defiende que su obligación es aplicar la ley de acuerdo con el Título VII y la PWFA, a la vez que cuestiona la urgencia planteada por los demandantes. El litigio continuará en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, lo que augura un proceso prolongado con posibles instancias superiores implicadas.