(CATOLIN). – Planned Parenthood ha iniciado el cierre de al menos 25 centros en diez estados de Estados Unidos después de que entrara en vigor una disposición federal que congela durante un año los reembolsos de Medicaid y Medicare. La medida, parte de la ley One Big Beautiful Bill Act, fue firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio y ya se aplica provisionalmente en la mayoría de las filiales, pese a estar siendo impugnada en tribunales federales.

El caso más reciente se dio a conocer el 24 de julio, cuando Planned Parenthood Mar Monte anunció la clausura de cinco centros en el norte de California. La organización denunció en redes sociales estar “desconsolada e indignada” por el cierre de estos establecimientos y la eliminación de tres servicios que calificaron de “cruciales”. También calificaron la disposición como “una prohibición encubierta del aborto en estados de libertad reproductiva”.

Los cierres no se limitan a California: Iowa, Michigan y Minnesota reportan cuatro clausuras cada uno; Ohio y Utah, dos; mientras que Vermont, Nueva York, Indiana y Texas suman una instalación cerrada en cada estado. A pesar de esta reducción, Planned Parenthood Mar Monte continuará operando unos 30 centros en California y Nevada.

Según la Federación Planned Parenthood of America, cerca del 60 % de sus clínicas —aproximadamente 200 instalaciones— podrían verse obligadas a cerrar si la medida se mantiene, lo que, según voces provida, implicaría potencialmente miles de vidas de bebés salvadas.

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, celebró la noticia como “una victoria para los bebés en California”, recordando que este estado es uno de los principales centros de abortos de último trimestre en EE.UU.

Por su parte, Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, subrayó que Planned Parenthood “prioriza los abortos, las transiciones de género y el gasto político, mientras recauda cientos de millones de dólares de los contribuyentes”. Reiteró que la organización podría mantener su financiamiento público si renunciara a realizar abortos, opción que ha rechazado sistemáticamente.

Michael New, investigador del Charlotte Lozier Institute, apuntó que “no sorprende que Planned Parenthood responda cerrando instalaciones ante la pérdida de fondos federales”, y recordó que incluso las clínicas que no realizan abortos directamente suelen derivar a otras que sí lo hacen. Añadió que los programas de la organización “fomentan una cultura de promiscuidad” que termina elevando el número de abortos.

Según datos de su último informe anual, Planned Parenthood obtuvo el 40 % de sus ingresos —alrededor de 800 millones de dólares— de fondos públicos, principalmente vía Medicaid y Medicare, pese a que la ley federal restringe su uso para abortos directos.