(CATOLIN).- El 4 de agosto se cumplió un año desde que la policía sandinista de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se presentó frente a la casa del Obispo de Matagalpa con el objetivo claro de intimidarlo. La razón detrás de esta acción fue las posiciones críticas del prelado frente a la creciente violación de los derechos humanos y la libertad religiosa en Nicaragua.

El gobierno de la dictadura buscó una «confesión autocrítica» al estilo estalinista, pero ante la firmeza del prelado, optaron por llevarlo a un juicio relámpago y farsa, donde lo condenaron a 24 años y 6 meses de prisión por varios cargos, incluyendo «traición a la patria», «conspiración contra el estado» y «connivencia con enemigos extranjeros».

Un año después, Mons. Álvarez sigue resistiéndose al encierro en la prisión «La Modelo» y ha rechazado en dos ocasiones la opción de la «libertad en el extranjero», es decir, la deportación.

La detención de Mons. Álvarez ha sido denunciada por el Papa, quien ha expresado su cercanía y preocupación por el prelado, pero no ha exigido públicamente su liberación inmediata con palabras inequívocas. Sin embargo, otras organizaciones internacionales, líderes religiosos y naciones unificadas sí han hecho esta petición.

La iglesia nicaragüense también ha sido víctima de una fuerte persecución religiosa, con decenas de sacerdotes, seminaristas, catequistas y diáconos encarcelados. Muchas monjas han tenido que huir del país junto con otros sacerdotes.

Los centros de estudios católicos y medios cercanos a la iglesia han sido cerrados y las cuentas corrientes de las diócesis han sido expropiadas.

Además, Nicaragua expulsó al Nuncio Apostólico y suspendió relaciones con la Santa Sede, dejando en vano y fallido cualquier intento de diálogo entre Managua y el Vaticano.

El caso de Mons. Rolando Álvarez marca el primer año de una dolorosa historia de persecución religiosa en Nicaragua y también señala una gestión diplomática vaticana que muchos consideran inadecuada y fallida. Mientras tanto, el prelado es una víctima de secuestro político y corre el riesgo de una expulsión forzada, como ha sucedido en casos anteriores con otros miembros del clero.

La situación de Mons. Álvarez y la iglesia nicaragüense sigue siendo motivo de preocupación y denuncia en la comunidad internacional, mientras la lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa en el país continúa.