(CATOLIN).- En un alarmante desarrollo en Hong Kong, la confidencialidad del sacramento de la confesión enfrenta una amenaza directa debido a una nueva legislación de seguridad nacional impulsada por el gobierno chino. Expertos internacionales en libertad religiosa han levantado la voz, instando al Papa y al primado anglicano a tomar posición ante esta situación.

En una carta conjunta dirigida a líderes religiosos y autoridades, 16 expertos en libertad religiosa y creencias expresaron su «profunda y grave preocupación» por las implicaciones de la nueva legislación, conocida como la legislación del «Artículo 23», actualmente en consideración en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).

Paul Lam Ting-kwok, Secretario de Justicia de Hong Kong, recientemente afirmó que, en virtud de la nueva ley de seguridad, una persona podría enfrentar hasta 14 años de prisión por conocer la comisión de «traición» y no informar a las autoridades en un tiempo razonable, según informa Hong Kong Watch.

La nueva ley plantea serias consecuencias para el secreto de confesión en la Iglesia católica y otras tradiciones cristianas, argumentan los firmantes de la carta, quienes están «profundamente alarmados» por esta disposición.

La carta enfatiza que la nueva ley podría obligar a un sacerdote a divulgar contra su voluntad y conciencia, y en flagrante violación de la privacidad de la confesión individual y de la doctrina de la Iglesia, lo que se ha dicho durante la confesión. Además, violaría el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende la libertad religiosa y los derechos del individuo.

Los expertos afirman que para la Iglesia católica, el «Secreto de Confesión» es un principio vital, donde lo confesado queda entre el penitente, el sacerdote y Dios. Subrayan que, aunque un sacerdote pueda alentar a un penitente a confesar un delito grave a las autoridades, el sacerdote no puede denunciarlo él mismo y no debe ser penalmente responsable por escuchar esa confesión.

La nueva legislación propuesta es vista como una amenaza a los derechos humanos básicos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Hong Kong. Los términos ambiguos de la ley otorgan una influencia desproporcionada a las cuestiones de seguridad nacional, lo que podría resultar en enjuiciamientos políticamente motivados y violaciones de los derechos procesales.

Entre los firmantes de la carta se encuentran destacados nombres como Nadine Maenza, ex Presidenta de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, Nina Shea, Directora del Centro de Libertad Religiosa del Instituto Hudson, y George Weigel, Senior Fellow del Centro de Ética y Políticas Públicas.

La carta concluye con un llamamiento al Papa Francisco, al arzobispo de Canterbury Justin Welby y a otros líderes religiosos mundiales para que se pronuncien y trabajen para garantizar que la nueva legislación de seguridad en Hong Kong no resulte en violaciones adicionales de la libertad religiosa o de expresión, ni en un aumento de la represión para los practicantes de todas las religiones en la región.